Colombia y Perú envían un mensaje claro: el fracaso de la izquierda en América Latina

Durante las últimas tres décadas, la izquierda latinoamericana prometió justicia social, igualdad, prosperidad para los más pobres y una transformación profunda de nuestras sociedades. Sin embargo, una y otra vez, en los países donde han tenido la oportunidad de gobernar por el voto en los últimos treinta años, los resultados de la izquierda han sido decepcionantes: economías estancadas, aumento espectacular de la corrupción, deterioro institucional, inseguridad, una creciente polarización social y un apoyo descarado a dictaduras de su mismo signo ideológico.

Por eso, los recientes procesos político-electorales en Colombia y Perú parecen hacerse eco de una tendencia cada vez más evidente en América Latina: los ciudadanos están perdiendo la paciencia con los experimentos ideológicos que prometen mucho y entregan poco.

Colombia: del cambio prometido al desencanto

Cuando Gustavo Petro llegó al poder en Colombia, lo hizo bajo la promesa de representar un cambio histórico y lograr una “paz total”. Sus partidarios aseguraban que el país abandonaría las viejas prácticas políticas y entraría en una nueva etapa de prosperidad, seguridad e inclusión.

Sin embargo, tras cuatro años en el poder, la realidad ha sido muy distinta.

La economía colombiana ha enfrentado una fuerte pérdida de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. La incertidumbre regulatoria, los ataques constantes al sector productivo y los intentos de expandir el poder del Estado han generado preocupación en amplios sectores de la sociedad y en los inversionistas.

A ello se han sumado numerosos escándalos de corrupción que golpearon directamente al gobierno que había prometido ser diferente, involucrando el propio presidente y a su familia. Las denuncias, los conflictos internos y la incapacidad para construir consensos han erosionado la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder presentándose como una alternativa moral frente a la clase política tradicional.

Mientras tanto, la inseguridad ha vuelto a crecer en diversas regiones del país, grupos criminales han recuperado espacios y muchos colombianos perciben que el gobierno ha mostrado más disposición a justificar a ciertos actores violentos que a garantizar el orden y el Estado de derecho.

El resultado ha sido un creciente desencanto ciudadano. La narrativa del “cambio” ha comenzado a ser sustituida por la percepción de que Colombia necesita volver a priorizar el crecimiento económico, la seguridad y la estabilidad institucional.

Perú: el agotamiento del populismo de izquierda

El caso peruano es igualmente revelador.

La llegada de Pedro Castillo hace cuatro años, en 2021, fue presentada como una revolución política impulsada desde las regiones más olvidadas del país. Sus seguidores afirmaban que representaba a los sectores históricamente excluidos y que pondría fin a décadas de políticas consideradas “neoliberales”.

Sin embargo, su gobierno terminó convirtiéndose en uno de los más caóticos e incompetentes de la historia reciente peruana.

La improvisación permanente, los constantes cambios ministeriales, los escándalos de corrupción y la incapacidad para gobernar deterioraron rápidamente la confianza pública. Finalmente, el intento de Castillo en 2022, de cerrar el Congreso y concentrar poder mediante un golpe de Estado, confirmó los temores de quienes advertían sobre las mal disimuladas tendencias autoritarias y concentradoras presentes en muchos sectores de la izquierda latinoamericana.

Lejos de resolver los problemas estructurales del país, el experimento terminó profundizando la crisis política, como henos visto en estos últimos meses.

Hoy, buena parte de la sociedad peruana observa con escepticismo cualquier propuesta que implique más intervencionismo estatal, más concentración de poder o más discursos revolucionarios, y por eso no debe sorprender el rechazo al candidato Roberto Sánchez, heredero político de Pedro Castillo.

Una lección que se repite en toda la región

Lo ocurrido en Colombia y Perú no es un fenómeno aislado.

La región ha observado durante años patrones similares en distintos países. Gobiernos que llegan al poder prometiendo redistribución y justicia social terminan generando gigantescos déficits fiscales, inflación, desempleo, corrupción, conflictos institucionales e internacionales por su el apoyo a dictaduras criminales.

Los casos más extremos son evidentes. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de América Latina a protagonizar uno de los mayores colapsos económicos y migratorios de la historia moderna. Cuba continúa atrapada en el estancamiento económico. Nicaragua ha derivado hacia un régimen cada vez más autoritario y corrupto: una especie de Corea del Norte enclavada en Centroamérica.

Incluso en países donde los resultados no han sido tan dramáticos, los gobiernos de izquierda suelen enfrentar el mismo dilema: para sostener sus promesas necesitan expandir el gasto público, aumentar la carga regulatoria a expensas de las empresas productivas y concentrar más poder en el Estado. Con el tiempo, estas políticas terminan afectando la inversión, la productividad y el crecimiento económico.

La consecuencia es predecible: menos oportunidades, menos empleo, más dependencia de la política y mayor corrupción institucionalizada, donde los políticos de izquierda buscan ya no depender de empresarios socios, y empiezan a tejer alianzas con el crimen organizado. Por eso, la preocupación del votante promedio latinoamericano es hoy: trabajo, seguridad y violencia de narcocarteles: tres objetivos permanentemente dejados de lado por la izquierda de la región, más bien concentrada en interminables debates identitarios y culturales importados y en su protección a carteles criminales en lugar de resolver los problemas de la economía y la seguridad.

Lo que los ciudadanos están diciendo

El mensaje que parece emerger desde distintos rincones de América Latina es cada vez más claro.

Los ciudadanos no están votando únicamente contra determinados gobiernos, que hoy por hoy son de izquierda; están cuestionando un modelo político que ha demostrado ser incapaz de cumplir sus promesas.

Y las nuevas generaciones observan que los países que han logrado mayores niveles de prosperidad, innovación y desarrollo son aquellos que protegen la propiedad privada, fomentan la libre empresa, mantienen instituciones sólidas y limitan el poder del Estado.

La libertad económica no garantiza el éxito automático, pero la experiencia latinoamericana demuestra que el intervencionismo estatal excesivo y arbitrario tampoco garantiza la justicia social. Por el contrario, frecuentemente termina produciendo exactamente aquello que prometía combatir: pobreza, privilegios para las élites políticas y falta de oportunidades.

El futuro pertenece a la libertad

Hoy, Colombia y Perú están enviando una señal importante al resto del continente. Esto tras los sucesivos fracasos de partidos de izquierda para conservar o llegar al poder, como fue en los casos recientes de Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Bolivia…

Los ciudadanos vienen exigiendo resultados concretos en lugar de discursos ideológicos. Quieren seguridad en sus calles, empleos dignos, estabilidad económica e instituciones que funcionen y sean honestas y transparentes.

Por eso, la verdadera disyuntiva para América Latina no es entre izquierda y derecha, sino entre modelos que expanden el poder político y modelos que amplían la libertad de las personas. Y cada vez más latinoamericanos parecen comprender que la prosperidad no nace de los decretos gubernamentales ni de las promesas de los políticos, sino de la innovación, la creatividad, el trabajo y la libertad de millones de individuos actuando y compitiendo en una sociedad abierta.

La lección de Colombia y Perú es clara: cuando la izquierda gobierna prometiendo transformar la realidad mediante más Estado, más control estatal y más intervencionismo gubernamental, a expensas de empresas e instituciones de control, el resultado suele ser el mismo. Nuestra región ya conoce esa historia. Y cada vez más ciudadanos parecen decididos a no repetirla y a no dar segundas oportunidades. Algo que los gobiernos de outsiders deben tener muy claro y presente en su acción diaria de gobierno, para no repetir en ellos en unos cuantos años, la misma debacle que hoy experimenta la izquierda latinoamericana.

Víctor H. Becerra

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