Inició el proceso de revisión del acuerdo de libre comercio entre México, EEUU y Canadá, conocido como TMEC. El acuerdo, firmado en 2020, prevé revisiones periódicas, y la próxima está prevista precisamente para 2026.
El proceso inicia en medio de una tormenta política en México: los vínculos cada vez más visibles y concretos del ex presidente López Obrador y varios de sus hijos con el crimen organizado, que permitió la gangrena de buena parte de las instituciones mexicanas, como el Ejército mexicano y su sobrevalorada percepción como la única institución seria y honrada del país; particularmente con todo el escándalo en el tema del llamado “huachicol fiscal”: el robo clandestino y a niveles gigantescos de gasolina y diésel de los ductos de la paraestatal mexicana PEMEX, y luego transportados a aguas internacionales, reintroducidos al país, bajo un concepto alterado (sin el pago de los correspondientes impuestos gracias al contubernio de las aduanas y puertos mexicanos, a cargo de la Marina armada de México) y vendidos a empresarios del ramo, generando una enorme ganancia, por el robo mismo y por la defraudación fiscal. En el tema, detonado por el mismo gobierno al encontrar un barco, el Challenge Procyon, (otro barco se les escapó a las “eficaces” autoridades mexicanas) en el puerto de Tampico con dichos combustibles (se dice que por presiones del gobierno de EEUU, que ya había filtrado algunas notas al respecto, y casi coincidiendo con la visita del secretario de Estado Marco Rubio) se han visto involucrados el ex titular de la Secretaría de Marina (una de las dos cabezas del Ejército mexicano), el almirante José Rafael Ojeda, y a través de testigos protegidos, los propios hijos del ex presidente López Obrador, cuyas andanzas y sospechosos negocios han sido largamente documentados por diversos medios y periodistas, desde hace mucho tiempo, sin una investigación seria por parte de las instituciones de justicia mexicana.
Todas estas acusaciones y una inicial investigación por parte de la Fiscalía mexicana, han sido desacreditas por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha usado su púlpito de “la mañanera” (las conferencias diarias de prensa ante periodistas cómodos, de medios financiados con recursos públicos), para defender vivamente a López Obrador, a los hijos de éste y al almirante Ojeda. Tal defensa no podía ser más desafortunada en las circunstancias actuales, en sincronía con el inicio de la revisión del TMEC: la presidenta Sheinbaum le está diciendo a nuestros socios comerciales y a las empresas norteamericanas y canadienses en México, que la justicia en México está al servicio de los intereses políticos del régimen, y le dice a jueces y fiscales que toda investigación tiene un límite marcado por la figura del expresidente y de otros personajes prominentes de su partido, MORENA.
Adicionalmente, su apasionada y reiterada defensa de los involucrados en el “huachicol fiscal” y la afirmación de Sheinbaum de que el caso ya había sido denunciado por López Obrador y que el almirante Ojeda ya había acusado a los implicados, ha sido desmentida por algunos de los propios involucrados y por numerosos periodistas que han mostrado los videos de hace algunos años de la tenaz defensa de López Obrador al almirante Ojeda y otros presuntos involucrados y su afirmación de que en México no existía ya “huachicol”. En cualquier caso, resulta inverosímil aceptar la idea de la propia Sheinbaum de un desconocimiento absoluto de López Obrador, máxime a la luz de la proximidad de éste a las fuerzas armadas y de la importancia que concedía a las aduanas y a las tareas del Ejército.
Es obvio que Sheinbaum protegerá a López Obrador y a otros involucrados hasta las últimas consecuencias; y allí, entre más habla Sheinbaum, más tropieza… El peligro inminente para ella es si surgen nuevos datos, documentos, testimonios, videos o fotos, lo que es muy probable, por parte de actores mexicanos o de EEUU; si cualquiera de estas eventualidades se materializa, Ojeda y López Obrador se pueden tornar indefendibles, y la palabra presidencial se devaluará dramáticamente.
Con tales cartas de presentación, ¿Qué empresa va a pensarse seriamente en invertir en México? ¿Qué garantías de seriedad y supervivencia política puede poner el gobierno mexicano en la mesa de negociación frente a nuestros socios de Norteamérica? ¿Qué empresa o inversionista mexicano tendrá la insensatez de creer que la prioridad de Sheinbaum en esta revisión será defender a la planta nacional y no a los narcopolíticos de su partido frente a alguna represalia del gobierno estadounidense? Y finalmente sería muy ingenuo suponer que este cuadro de caos y debilidad política, el gobierno de Trump no piense en capitalizarlo para exigir cambios sustanciales, no solo en comercio, sino también en las otras áreas electorales vitales para él: seguridad y migración, o incluso para rechazar el acuerdo en su forma actual e ir no a un revisó, sino a una profunda renegociación, o presionar para exigirle a Sheinbaum una mayor alineación con la agenda estadounidense, lo que ésta ya ha comenzado a hacer con la imposición de aranceles a las importaciones chinas a México.
Esta semana iniciaron formalmente las consultas internas en México, Canadá y Estados Unidos para la revisión del T-MEC. En caso de EEUU y Canadá este mero proceso procedimental lo están asumiendo con seriedad, solicitando a empresas y organizaciones comentarios sobre el desempeño del acuerdo y posibles áreas de renegociación. Washington incluso calendarizó una audiencia pública en noviembre próximo para decidir si debe continuar o retirarse del TMEC. En Canadá, el gobierno emite un llamado a la sociedad civil y al sector privado para recoger preocupaciones y prioridades, con el foco particular en el sector automotriz y las cadenas de valor trilaterales.
En México, en cambio, en medio de los escándalos diarios heredados del sexenio de López Obrador, el gobierno no se está tomando con seriedad esto ni construido los consensos de respaldo a sus políticas comerciales: la Secretaría de Economía se limitó a avisar que “abrirá una consulta pública de 60 días para recibir comentarios sobre el funcionamiento del T-MEC”, todo vía online, por correos electrónicos y sin una garantía de que tal procedimiento sirva de algo o tenga incidencia en la posición mexicana, y sin la debida transparencia para conocer posiciones y resultados finales.
En la actual revisión del TMEC, la prioridad de Sheinbaum y su gobierno debiera ser mantener la integración económica de Norteamérica y anticiparse a potenciales disputas, construyendo el andamiaje institucional y la red de respaldo social y político necesarios. Pero ella y su gobierno solo tienen cabeza hoy para defender a López Obrador y a sus nacopolíticos. Y en una de esas, tal vez hasta instrumentalicen el TMEC para salvarles.
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