El gobierno Sheinbaum y la ONU: el silencio también es complicidad

El reciente rechazo del gobierno mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU no es un hecho aislado. Es, más bien, la continuación de una estrategia política sistemática y profundamente preocupante del régimen actual: la negación perpetua de los problemas, lo que ya no admite matices ni atenuantes: es una estrategia sistemática y criminal, por sus consecuencias.

México enfrenta una tragedia humanitaria de dimensiones históricas. Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas, en un contexto marcado por la impunidad, la debilidad institucional y, en muchos casos, la posible colusión entre autoridades y crimen organizado.

Sin embargo, en lugar de asumir la gravedad del diagnóstico internacional y actuar en consecuencia, el gobierno ha optado por desacreditarlo y pedir silencio.

El argumento oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido descalificar y acallar antes que responder o actuar. Al respecto del pedido implícito de silencio de Sheinbaum y sus funcionarios, cabe recordar las palabras del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que luchó y fue ahorcado por los nazis: “El silencio frente al mal es en sí mismo malvado; Dios no nos mantendrá sin culpa. No hablar significa hablar. No actuar es actuar”.

La administración federal ha sostenido falazmente que el informe de la ONU es “tendencioso”, que extrapola datos de periodos anteriores, que se limita a cuatro de los 32 entidades del país y que no refleja los supuestos avances recientes.

Además, ha intentado minimizar la autoridad del propio comité, sugiriendo que el CED no forma parte plena de Naciones Unidas, que sus integrantes tienen un conflicto de interés o que sus conclusiones se salen del marco jurídico internacional.

Pero este tipo de argumentos, más que refutar el fondo del informe, parecen diseñados para desviar la atención. Al respecto, acallar, normalizar, olvidar no son posiciones neutrales. Son una forma de complicidad. Y esto se convierten en instrumentos sistemáticos, la indiferencia no es inocente.

Porque el punto central no es técnico, sino moral y político: ¿existe o no en México una crisis de desapariciones? ¿Con la responsabilidad del Estado —por acción, omisión o aquiescencia—? La ONU sostiene que sí. Y lo hace con base en patrones, no en casos aislados ni limitados.

La disputa de fondo aquí es: ¿crimen organizado o responsabilidad estatal?

El gobierno insiste en que la mayoría de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado, deslindando así al Estado mexicano de una responsabilidad directa.

Sin embargo, esta defensa omite un elemento clave del derecho internacional: la responsabilidad estatal no se limita a la autoría directa, sino que incluye la incapacidad sistemática de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

Cuando hay impunidad estructural, negligencia institucional y/o incluso colaboración de autoridades locales, el Estado no puede declararse ajeno.

Y eso es precisamente lo que documenta el informe: fallas estructurales persistentes, corrupción, uso de atribuciones y recursos públicos en crímenes y una alarmante falta de justicia y persecución del delito.

Negar la connivencia oficial no la elimina ni la corrige.

Más preocupante aún es la tendencia a reinterpretar o depurar cifras oficiales, lo que ha generado sospechas de que el problema se está minimizando estadísticamente en lugar de resolverse en la realidad, tal como hizo la propia presidenta Sheinbaum, apenas un día antes de conocerse el informe del CED, al presentar una plataforma informativa largamente pospuesta y al final, inservible al día de hoy, como han documentado muchos medios de comunicación, activistas y analistas, lo que atestigua la calidad de los “avances” que Sheinbaum exige que se consideren.

Cuando el Estado comienza a discutir números en lugar de buscar o encontrar personas, algo está intrinseca y profundamente mal.

La narrativa oficial —centrada en “otros datos”, en la herencia del pasado o en tecnicismos metodológicos— corre el riesgo de deshumanizar la tragedia.

Porque detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una búsqueda, mucho dolor y un exceso de inacción estatal. Y al respecto, muchísimas veces, son los propios ciudadanos y las familias quienes hacen el trabajo que debería corresponder al Estado.

Rechazar el informe del CED-ONU es un error estratégico. Dicho informe no es una sentencia, sino una advertencia. Incluso especialistas han señalado que debería verse como una oportunidad para recibir la necesaria asistencia y cooperación internacional, no como un ataque político.

Rechazarlo de forma frontal envía un mensaje equivocado:
• Que el gobierno prioriza la defensa de su narrativa sobre la verdad.
• Que la crítica internacional es vista como amenaza, no como herramienta.
• Que la rendición de cuentas es opcional.

Y eso, en una democracia, es peligroso, porque habla de una democracia que deja de serlo: se endurece, se hace intolerante, deja de servir a ciudadanos y así termina protegiendo a criminales y a quienes atentan contra los valores que tal democracia dice representar.

Conclusión: la verdad no es negociable y la innegable crisis de desapariciones en México no necesita maquillaje, necesita soluciones.

Negar la magnitud del problema, cuestionar a los organismos internacionales o refugiarse en tecnicismos y patrioterismos no acerca a las víctimas a la justicia. Al contrario: perpetúa la impunidad e invita a repetir y acrecentar el fenómeno.

Aceptar el diagnóstico —aunque sea incómodo— es el primer paso para corregir la tragedia que hoy vivimos los mexicanos.

Porque en este tema, la política debería tener un límite claro: no se puede construir legitimidad ni pretender representar al “pueblo”, mientras se niega la realidad.

Y mucho menos, cuando esa realidad sigue desapareciendo personas todos los días, incluso mientras usted termina de leer esto.

@victorhbecerra