El pasado domingo 1 de junio, a casi un año del triunfo de Claudia Sheinbaum en las urnas, inició el último capítulo del desmantelamiento de la democracia mexicana, democracia apenas iniciada hacia 1994, cuando a los cinco días de asumir la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para contar con un Poder Judicial profesional, imparcial e independiente, nunca más subordinado al Ejecutivo, con una Corte Suprema, que se transformaba en un Tribunal Constitucional, para declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando así lo fueran. Y que continuó poco después con una profunda reforma electoral, la cual ciudadanizó al organismo organizador de las elecciones y que dejó fuera al gobierno y su influencia, y que incorporó al Tribunal electoral al nuevo Poder Judicial, todo lo que pavimentó la ruta de la alternancia, que materializaría la transición democrática entre 1997-2000.
Esa transición murió hace unos días. Y México volvió al régimen autoritario y saqueador, extractor de rentas que ha sido el único sistema que México ha conocido en toda su historia. incluso desde antes de su formación como nación: la ocupación por los aztecas del islote perdido en el lago de Texcoco y luego, la formación de la Triple Alianza, formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan (con Tenochtitlan ejerciendo un papel hegemónico), para sojuzgar a sangre y fuego a los pueblos vecinos del Valle de México y las regiones circundantes. La Triple Alianza implementó un sistema de tributo para obtener recursos de los pueblos dominados, lo que fortaleció su poderío económico y militar, y moldeó las estructuras políticas, económicas y sociales de la región. Como metáfora, puede decirse que la Triple Alianza y su papel opresor y despótico, fue repetido ad nauseam bajo distintas variantes por el sistema republicano que gobernó México de 1821 a 1997, donde pluralidad y contrapesos eran meras ensoñaciones. Y hoy estamos de regreso a él.
El sacrificio de la democracia mexicana y su sustitución por un “nuevo régimen” lo había venido anunciando en distintos momentos y por diversos pretextos el expresidente Andrés Manuel López Obrador: quien no era que odiara el viejo régimen que criticaba, sino simplemente quería ser su cabecilla o caudillo. Sus desencuentros con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo fueron la excusa para destruir al Poder Judicial, meta que persiguió con gran tenacidad a lo largo de sus seis años de gobierno, frente a una SCJN retraída y que no logró comunicar ese peligro de manera articulada, unificada, valiente o eficaz, y por partidos de oposición inertes y sin fuerza real o legitimidad y sin liderazgos eficaces y propositivos.
Dicha tarea la concluyó Claudia Sheinbaum, cuya mano ayudó decisivamente a sacrificar al Poder Judicial, cumpliendo la función de “objeto útil” para lo que fue designada por López Obrador. El argumento de ambos fue magnificar los evidentes problemas de la Justicia mexicana y prometer resolverlos, todos, con la elección democrática total (que no tiene precedentes a nivel mundial) de los jueces federales, magistrados y ministros de la SCJN, con candidatos “limpios” impuestos por MORENA, entre sus militantes y académicos normalizadores del atropello o incluso, con abogados al servicio de delincuentes y del crimen organizado, excluyendo ostensible y abiertamente a quienes no fueran parte de la Corte de la llamada 4T.
Tras de un desaseado proceso legislativo, que incluyó la presión y compra de legisladores de oposición, dictámenes redactados y votados ipso facto, leyes contradictorias hechas sobre las rodillas y con una autoridad electoral temerosa de correr la misma suerte que la SCJN, llegamos al pasado 1 de junio, con una elección para 2.681 cargos de jueces y magistrados federales y algunos locales, caracterizada por un enorme desinterés ciudadano y una costosa y vasta campaña oficial de reparto de volantes (“acordeones” o cheat sheet), guías con “recomendaciones” sobre a quién votar, dirigidos básicamente a las clientelas de programas sociales y a sus propios militantes.
La elección concluyó y aunque una semana después aún se siguen contando los votos (en un rasgo que exhibe la degradación de la otrora eficiente, confiable y profesional autoridad electoral, que en el pasado fue ejemplo para muchos países de cómo realizar elecciones confiables e imparciales), ya puede decirse que prácticamente todos los candidatos que aparecían en el “acordeón” fueron electos, en una elección donde los votos nulos (10.2 millones) o en blanco (11.3 millones) superaron en número a los candidatos a ministros de la SCJN con más respaldo, y una abstención de al menos el 87 por ciento del electorado. El informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA es claro en la regresión democrática de México, el daño institucional hecho al país, el debilitamiento a las garantías y derechos procesales, las trampas e irregularidades ocurridas durante la elección, y la falta de confianza en las autoridades electorales.
A casi dos semanas de la elección, la pasividad se ha impuesto y la división de poderes en México ya es cosa de un pasado muerto, mientras los argumentos para resistir o buscar anular una elección manipulada, poco confiable y en la que triunfó la apatía ciudadana, se escuchan cada vez menos, haciendo muy factible ese viejo dicho de: “Palo dado ni Dios lo quita”. Y la ciudadanía, en su ensoñación de becas y dinero “gratis”, ni siquiera se ha dado cuenta de que perdimos el orden constitucional y solo pervivirán ciertos rituales y cascarones sin legitimidad real, como la realización de elecciones sin competencia real y donde el oficialismo parte con ventaja vía trampas y apoyos ilegales, en procesos muy similares a las “elecciones” en Cuba o Venezuela, o un nuevo Poder Judicial integrado en su totalidad por adictos y servidores al régimen construido por López Obrador o casi peor aun, empleados de los carteles del crimen organizado, y que en consecuencia, estará al servicio no de los ciudadanos ni del país, sino de los intereses de sus reales patronos.
Aún están pendientes la entrega de las constancias de mayoría a los ganadores, la aprobación del conteo total de votos que se realizará el próximo 15 de junio, y resolver ritualmente y sin sorpresas previsibles las impugnaciones que se hubieran presentado.
México tendrá entonces un nuevo Poder Judicial que no podrá resolver realmente los problemas estructurales del sistema judicial mexicano, que se ha partidizado a favor del partido oficial, al cual será casi imposible sacar del poder o derrotar en tribunales, y que verá básicamente por los intereses de gobernantes, militares y criminales (de allí por ejemplo porqué el régimen quita atribuciones a la Suprema Corte aún en funciones y quiere trasladar asuntos y expedientes de discusión a la nueva Corte, que involucran temas fundamentales de garantías individuales, cuando la nueva Corte solo entrará en funciones a partir del próximo 1 de septiembre), y que nos regresa de golpe al larguísimo y muy arraigado pasado autoritario monocolor del país, echando a la basura años de esfuerzos ciudadanos y partidistas por un sufragio efectivo y un real pluralismo.
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