Se cumplirán pronto ya casi 30 años de la llamada “Marea rosa” en Iberoamérica, con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, caracterizada por una avalancha al poder de gobiernos de izquierda más o menos radical, como reacción a las reformas modernizadoras y pragmáticas de la década de los años 80s y 90s del siglo pasado. Creo que ya es muy prudente y necesario hacer una revisión sobre su legado y posibles logros.
Durante esas tres décadas en el poder, los gobiernos de izquierdas han venido escenificando una interminable procesión de escándalos de corrupción, muchos de ellos aún desahogándose y procesándose actualmente, junto con un continuado y prolongado declive de los principales indicadores económicos y de bienestar en la mayoría de los países, uno de los logros precisamente de las anteriores políticas reformistas y aperturistas. Tres décadas después, no cabe ya ninguna duda de que esa ola rosa fue profunda y fundamentalmente un aluvión de crimen, corrupción, mediocridad y pobreza.
Al respecto del declive en los indicadores sociales y económicos, las explicaciones casi todas aciertan en lo fundamental: el animo igualitaria de esos gobiernos que termina por repartir solo pobreza y no bienestar, porque eso gobiernos no les preocupa crear riqueza, les preocupa solo extraer rentas mediante la persecución al trabajo y al emprendimiento, retrayendo así inversiones y empobreciendo a las sociedades. Pero ¿porqué la corrupción (su rasgo más visible), qué explica esa característica endémica de la izquierda iberoamericana?
El fenómeno ha generado siempre una multiplicidad de respuestas y posibles causas explicativas. Una de las más socorridas es el patrimonialismo, definido como la idea de que los bienes y recursos públicos son tratados como patrimonio personal de los gobernantes, y donde el poder sirve a éstos para obtener beneficios personales y grupales, en lugar de servir al interés público. Heredado de la época colonial, el patrimonialismo se origina precisamente en las monarquías del sur de Europa, ante la ausencia de contrapesos y una mínima rendición de cuentas, que se traspasa a los usos y costumbres de la política diaria iberoamericana.
Otra tiene que ver simplemente con que la izquierda no había tenido la oportunidad de ascender al poder, tener cierta continuidad y entonces, exhibir sus “virtudes”. Tras 30 años de permanecer en el poder y lograr cierta continuidad, ya se le conoce mejor. O bien, se alega el origen más bien desfavorecido de muchos de los principales exponentes del izquierdismo iberoamericano, muchos surgidos de eso que la teoría marxista definía como lumpen proletariado, y que veían con resentimiento que mientras ellos experimentaban estrecheces por las crisis recurrentes en la región, apreciaban en contraste, el rápido enriquecimiento y ostentación de los políticos gracias a sus negocios y acuerdos con empresarios de la región, favorecidos por el poder político, aprovechando la existencia de mercados cerrados y poco competidos, donde la discrecionalidad y el favor estatal eran (son de nuevo) la norma. En consecuencia, al llegar al poder aprovechando un discurso victimista y de resentimiento, se les hizo fácil y legítimo actuar con las mismas mañas que denunciaban y usando las mismas instituciones, leyes y procedimientos que antes les parecían infames, pero que hoy se acomodaban a sus fines.
Una explicación más tiene que ver con el sustrato ideológico de la propia izquierda, que como ideología, nunca ha visto con especial preocupación la propiedad ajena ni el proceso de creación de riqueza, sino que cree que riqueza y propiedad ajenas están para servir legítimamente a las “causas sociales” a través de la acción estatal. Es natural entonces, que a quienes viven de la riqueza ajena, nunca les va a interesar entender cómo se la crea ésta, sino cómo se roba. Entonces, de sustraer para otros (en este caso, para destinarlo los “pobres”), se pasa naturalmente a sustraer y saquear en beneficio propio, para el bien futuro de los pobres o cualquiera otra abstracción que se crea oportuna.
Estos fenómenos pueden explicar la explosiva corrupción de la izquierda iberoamericana en estos 30 años, con episodios alucinantes, como los casos Mensalão y la Operação Lava Jato con Lula y Dilma Rousseff en Brasil; la causa Cuadernos por Cristina Kirchner, con un registro minucioso y pormenorizado de los recorridos y entregas de bolsos con enormes sumas de dinero provenientes de pagos ilegales de empresas constructoras y cuya etapa oral iniciará en unos días; o el pasmoso caso de los costales de dólares de José López, exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, al servicio y colusión con Julio de Vido, ministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; el proceso de la fundación Democracia Viva de Giorgio Jackson bajo el actual gobierno de Gabriel Boric en Chile o el desfalco del Caso Caval, que involucró a Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, y a su cónyuge; o en Ecuador los escándalos de sobornos durante el gobierno de Rafael Correa -sentenciado por cohecho agravado, aunque hoy prófugo en Bélgica- y casos de lavado de dinero que involucran también a su vicepresidente Jorge Glas, a su primer contralor Carlos Pólit y a otras figuras de su partido.
La lista puede continuar al infinito con la corrupción generalizada en Venezuela, bajo Chavez y Maduro, que saquearon de manera inmisericorde a la empresa petrolera PDVSA y a los programas sociales del chavismo, con figuras como Tareck El Aissami, Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, o Hugo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia chavista, actualmente preso en Estados Unidos, involucrado en temas de corrupción con los gobiernos de izquierda de Argentina, Colombia y España; los interminables casos de corrupción (Koldo, Operación Delorme, Ábalos) bajo el gobierno de Pedro Sánchez en España, involucrando incluso a su esposa y a su hermano en sendos procesos de tráfico de influencias; o casos de corrupción como los de la recientemente destituida presidenta peruana Dina Boluarte y los de todos sus antecesores: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
Un “ilustre” antecedente que anunciaba estos 30 años de saqueo, fue la llamada “piñata” en Nicaragua en 1990, por la cual los sandinistas en su primer gobierno transfirieron más de 20 mil bienes públicos, algunos previamente confiscados y expropiados sin pago a sus legítimos dueños, y se los auto-otorgaron, entre otros, a dirigentes como el mismo presidente Daniel Ortega, su esposa, su hermano Humberto Ortega o al temido ministro del Interior, Tomás Borge y a su organización La Verde Sonrisa, bajo el argumento de que tras dedicarse a la revolución contra Anastasio Somoza, exclusivamente a “servir a la patria y a la revolución”, los dirigentes sandinistas no tenían entonces dónde vivir ni habían acumulado propiedades.
O bien agregar, como cereza del pastel, el caso mexicano, donde lo poco que se ha venido conociendo de lo sucedido durante el reciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permite avizorar una corrupción gigantesca e insondable (en general se ha documentado poco, porque el régimen de la izquierda mexicana, autollamado de la 4a Transformación, ha recurrido a la receta sandinista de destruir las instituciones encargadas de desvelar e investigar su corrupción e imponer trabas y frenos legales a las posibles investigaciones, ahora a través de la presidenta Claudia Sheinbaum), con contratos a familiares y aliados, el saqueo a las instituciones públicas como en el caso del llamado “huachicol fiscal” o el financiamiento del crimen organizado al partido oficial y a las campañas de sus políticos.
Antes, la izquierda no había gobernado, más que por breves períodos, por lo que la izquierda fue vista en Latinoamérica durante mucho tiempo, como una expresión relativamente limpia, que denunciaba justiciera y puntualmente la corrupción de los regímenes “neoliberales”. Lo mismo podrá decirse pronto de los gobierno encabezado por mujeres, también vistas como un estrato relativamente más honesto y serio, pero que hoy vemos que no es así, con casos como los de Cristina Kirchner, Dina Boluarte, Xiomara Castro o la complicidad de Claudia Sheinbaum en el encubrimiento a su antecesor, demostrando que la corrupción no es realmente un asunto de género.
Al respecto, y de lograr Donald Trump el derribo de la narcodictadura chavista en Venezuela, las consecuencias de esto serían grandes y no se limitarían a liberar al pueblo venezolano de su actual opresión sin salidas. Sino que también podrá saberse entonces con cierta exactitud cuáles han sido las oscuras relaciones de ese narcorégimen con nuestros políticos y sus partidos, y con organizaciones como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
Mucho de la herencia corrupta de la izquierda hispanoamericana, está por desvelarse e investigarse, y en algunos casos, como el mexicano, casi todo está aún por escribirse y nuevos escándalos seguramente saldrán a la luz. Pero sirva esto para decir, finalmente, que si la izquierda latinoamericana quiere que la Corona española pida perdón por hechos que no están en las manos de ella y ni de nadie ya juzgar, tales como la Conquista y el semi exterminio de los pueblos originarios, no estaría de más que exijamos a la misma izquierda iberoamericana que sea congruente y que ofrezca disculpas por haber sido tan, pero tan corrupta todos estos años.
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