El monstruo que diseñamos

Por qué la verdadera amenaza a la humanidad no son las malas ideas, sino la escala del Estado

Existe una profunda desproporción en el modo en que evaluamos las amenazas políticas y morales de nuestra época. Mientras la narrativa pública centra su atención en los brotes de maldad individual, el extremismo de pequeños grupos o los vaivenes ideológicos de turno, la verdadera amenaza estructural permanece inadvertida por su propia ubicuidad: la escala incontrolable del Estado moderno. El problema central de la barbarie contemporánea no reside en la fragilidad ética de la naturaleza humana, sino en la edificación de un artefacto institucional cuyo poder de coerción, logística y moldeamiento cultural sobrepasa cualquier mecanismo de contención individual o social.

I. La asimetría fundamental: El individuo frente al hegemón

El individuo y el Estado operan bajo marcos normativos y de poder irreconciliables. El individuo está sujeto a restricciones físicas, recursos finitos y al imperio de la moral común y la ley. El Estado, en cambio, ostenta el monopolio legítimo de la violencia física sobre un territorio determinado y, de manera crucial, ejerce una hegemonía cultural casi absoluta a través del sistema educativo, la regulación de la información y la retórica de la seguridad colectiva.

Esta asimetría no es únicamente cuantitativa; es cualitativa. Como analiza Philip Zimbardo (2007) en El Efecto Lucifer, los entornos institucionales hipertrofiados funcionan como “barriles podridos” capaces de transformar a personas comunes en ejecutores de actos atroces. El Estado posee la facultad de alterar la gramática moral de una sociedad: mediante la burocratización de la coerción, segmenta las decisiones de modo que ningún funcionario se reconozca responsable directo del daño. La violencia se despersonaliza, transformándose en un trámite administrativo protegido por la inmunidad del deber estatutario.

II. El genocidio como prueba reina

Si se requiere una prueba indiscutible del peligro intrínseco que representa la escala estatal, no es necesario recurrir a debates menores sobre tributación o hiperregulación. El genocidio constituye la prueba reina (exhibit A) de esta desproporción estructural. Ningún grupo organizado, banda criminal, cartel de narcotráfico o secta fanática —por desalmada o numerosa que sea— posee la capacidad técnica, logística y de persuasión ideológica para ejecutar el exterminio sistemático de millones de seres humanos.

El genocidio exige un nivel de planificación industrial, empadronamiento masivo, control territorial, transporte estandarizado y anulación de la resistencia cultural que solo una estructura estatal puede desplegar. No se trata de una anomalía o un fallo accidental del sistema, sino de la demostración empírica del límite superior de su capacidad funcional. El exterminio masivo es la manifestación extrema de la indefensión del individuo y del grupo frente a un aparato que combina el monopolio coercitivo con la pretensión de reingeniería social.

III. Las ficciones de control: La trampa del contractualismo

Para legitimar semejante desbalance, la teoría política tradicional apela al contrato social hobbesiano (Hobbes, 1651), argumentando que la cesión voluntaria de la soberanía al Leviatán es el único medio para escapar de la violencia del estado de naturaleza. Sin embargo, la paradoja trágica de este esquema es que la soberanía transferida se vuelve estructuralmente irrecuperable, dejando al ciudadano sin herramientas efectivas de neutralización.

Las dos vías teóricas de control y resistencia frente al poder público han quedado reducidas a ficciones inoperantes:

• La impotencia del Opting-In: La participación democrática mediante el sufragio no funciona como un freno a la maquinaria. Bryan Caplan (2007) en El mito del votante racional expone cómo los electores operan bajo una “irracionalidad racional”. Al ser el valor marginal de un solo voto virtualmente nulo en los grandes censos, el ciudadano no asume el coste de informarse con rigor, permitiendo que la demagogia, la captura de rentas y las demandas emocionales financien la expansión continua del gasto y la regulación estatal.
• La imposibilidad del Opting-Out: La noción de retirar el consentimiento o marginarse del sistema es inviable en un mundo globalmente territorializado por Estados. No existen espacios institucionales neutros ni tierras sin reclamar; quien intenta ejercer un opting-out no recupera su soberanía, sino que es degradado a la condición de sujeto desprotegido, ilegalizado o privado de sus derechos fundamentales.

IV. La falacia de “encadenar” al Leviatán

Ante la evidencia del crecimiento estatal, teóricos de la economía institucional como Daron Acemoglu y James A. Robinson (2019) sostienen que la respuesta consiste en mantener un «Leviatán encadenado», donde un Estado fuerte es constantemente supervisado y equilibrado por una sociedad civil movilizada. Sin embargo, esta tesis pasa por alto la asimetría fundamental de los incentivos políticos.

La burocracia pública opera con incentivos concentrados, permanentes y sostenidos mediante la extracción tributaria para ampliar sus competencias y blindar su autoridad. La sociedad civil, por el contrario, actúa con incentivos dispersos, temporales y dependientes del esfuerzo voluntario de sus miembros. La pretensión de “encadenar” a un aparato hipertrofiado exige un volumen de energía y vigilancia ciudadana insostenible en el tiempo. Tarde o temprano ocurre la captura del regulador: el Leviatán devora las cadenas constitucionales y legislativas diseñadas para contenerlo, convirtiendo los contrapesos formales en meras herramientas de validación burocrática.

V. Conclusión: Reducir por supervivencia

Si las ficciones contractuales han fracasado y la estrategia de la contención es inviable, el problema debe replantearse desde el marco epistemológico de Karl Popper (1945) en La sociedad abierta y sus enemigos. Popper transformó la pregunta clásica de Platón («¿quién debe gobernar?») en un imperativo de gestión de riesgos: «¿cómo podemos organizar las instituciones políticas de modo que podamos deshacernos de los malos gobernantes y desmantelar las malas políticas sin derramamiento de sangre?».

El criterio central de la sociedad abierta es la reversibilidad y la capacidad de corrección de errores mediante la ingeniería social fragmentaria. Cuando una estructura o un programa estatal alcanza una escala que la vuelve “demasiado grande para fallar” o inmune a su desarticulación, viola el principio de falsabilidad política y se transforma en una amenaza existencial. La lección popperiana es contundente: la libertad y los derechos no se preservan perfeccionando la retórica del Soberano ni confiando en la virtud de la burocracia, sino garantizando la capacidad institucional de recortar y desmantelar el poder centralizado.

Reducir el volumen y la escala del Estado no constituye un mero programa de eficiencia económica ni una preferencia ideológica particular; es un imperativo biológico y ético de supervivencia. Frente a un monstruo burocrático cuya capacidad de daño incluye la destrucción masiva de su propia población, la única salvaguarda efectiva para la humanidad radica en desescalar el vehículo de la violencia pública hasta dimensiones donde jamás pueda volver a ser letal.

Referencias

• Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2019) The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Nueva York: Penguin Press.
• Caplan, B. (2007) The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Princeton: Princeton University Press.
• Hobbes, T. (1651) Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. Londres: Andrew Crooke.
• Popper, K. R. (1945) The Open Society and Its Enemies. Londres: George Routledge & Sons.
• Zimbardo, P. (2007) The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Nueva York: Random House.