La negativa del gobierno de Claudia Sheinbaum de entregar al gobierno de Estados Unidos y ni siquiera procesar a 10 presuntos narcopolíticos mexicanos, no es soberanía. Es simple y llano encubrimiento.
Eso es lo que estamos viendo en la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones de la Fiscalía neoyorquina: un gobierno que, en lugar de investigar, decide proteger y que incluso, la propia presidenta actúa como abogada defensora de los narcopolíticos miembros de su mismo partido, alegando que la persecución de la Fiscalía neoyorquina es simple “política”, violando así el tratado de extradición entre EEUU y México, suscrito desde 1978.
Ya no hay espacio para eufemismos ni disimulos: cuando se señalan a gobernadores, legisladores y a altas figuras del poder por contar con presuntos vínculos con el crimen organizado, la única respuesta compatible con un Estado de Derecho es abrir investigaciones, suspender a los acusados y colaborar internacionalmente.
Pero eso no está ocurriendo en México.
Lo que vemos en cambio, es un cierre de filas, desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum hasta la base de su extensa estructura de poder. En un reflejo corporativo. Una defensa automática del poder… incluso cuando el propio poder está bajo sospecha.
Y eso cambia todo: durante años muchos dijimos en todos los tonos posibles, que el problema era la infiltración del crimen en el Estado mexicano. Que los cárteles habían penetrado instituciones débiles y desacreditadas. Que era una batalla cuesta arriba de un estado asediado.
Hoy esa narrativa se cuestiona. Porque lo que tenemos enfrente no es solo mera infiltración. Es algo mucho más grave: es plena y comprometida protección política e impunidad.
El mensaje de Claudia Sheinbaum la mañana de este jueves fue brutalmente claro:
✔️ Si eres criminal “de afuera” de su sistema de colaboración y zalamerías, te extraditan.
❌ Si eres parte del sistema propio de colaboración y zalamería, te blindan.
Ese doble estándar no es una falla o anomalía del sistema: es el propio sistema.
Hay quienes intentan disfrazar esta postura como un acto de dignidad nacional. Como una defensa frente al “intervencionismo” estadounidense. Pero ese argumento no resiste el menor análisis en el caso mexicano.
Otros países han enfrentado situaciones muy similares y han tomado decisiones diametralmente opuestas: investigar, procesar y castigar a sus propios funcionarios cuando han sido vinculados con redes criminales.
¿Por qué lo hicieron? Porque entienden algo que en México parece haberse olvidado: la legitimidad del Estado no se defiende protegiendo a los suyos, sino castigándolos con toda la fuerza de la ley cuando delinquen.
Lo demás es propaganda y demagogia para salvar la cara.
En el actual diferendo entre EEUU y México, no está en juego una disputa diplomática. Está en juego la naturaleza misma del régimen mexicano.
Porque cuando el gobierno decide no actuar frente a acusaciones graves contra su propia élite política, deja de ser árbitro y se convierte en parte interesada e implicada.
Y cuando eso ocurre, el concepto de “narcopolítica” se queda corto.
Lo que empieza a emerger es algo más grave:
– un Estado que convive, tolera o incluso protege estructuras criminales dentro de sí mismo.
Y aquí las consecuencias no son abstractas. Son inmediatas y peligrosas:
* Erosionan la confianza internacional
* Debilitan la posición mexicana frente a Estados Unidos en momentos en que se revisa el TMEC
* Se encienden alertas en mercados e inversionistas
* Y, sobre todo, se rompe el vínculo básico de confianza y credibilidad entre ciudadanía y Estado
Porque ¿qué le dice un gobierno a sus propios ciudadanos cuando persigue delincuentes de a pie, entrega a EEUU a criminales sin ningún proceso legal ni posibilidad de defensa, pero protege a los políticos propios señalados por colaborar con el crimen?
Les dice que la ley no es pareja. Les dice que el poder es impunidad y que en México hay castas. Y que, finalmente, renuncien a toda esperanza de regeneración del estado mafioso mexicano, por lo que continuará el actual maremoto de muerte, violencia y corrupción en su país.
Y aquí está el punto más delicado de todos: tal vez no estamos frente a una omisión. Pareciera más bien que estamos frente a una decisión artera y meditada. Porque proteger cuesta. E implica asumir desgaste, críticas, presión internacional, desprestigio, incredulidad e ilegitimidad.
Nadie paga ese precio por error. Se paga cuando hay algo que preservar. Cuando el costo de conservar el poder es figurar ante los ojos de la comunidad internacional como un narcoestado, una mafiocracia lisa y exacta.
Y así, México está entrando en una zona peligrosa. No porque existan acusaciones. Eso ocurre todos los días en cualquier democracia. Sino por la forma en que el poder responde a ellas. Porque ahí es donde se revela la verdad.
Y la verdad en México, hoy, es inquietante: el Estado mexicano parece más dispuesto a defender a ultranza a sus políticos más que a defender la ley.
Y eso no es soberanía. No es buena estrategia. No es prudencia diplomática. Tampoco es defender la verdad.
Es en realidad, un pacto. Un pacto de silencio. Un pacto de protección. Uno de impunidad con el crimen.
Y los pactos, en política, siempre tienen beneficiarios concretos. La pregunta ahora es si también tendrán consecuencias y quién las pagará.
Un país donde el poder protege a sus presuntos narcopolíticos no está combatiendo al crimen. Está negociando un contrato de protección mutua y convivencia con él.
Y eso, tarde o temprano, siempre se paga. Y casi siempre los que pagan son los propios ciudadanos: en vida, propiedad y tranquilidad, y las más de las veces en crisis, desempleo y estrecheces económicas.
Pacto de impunidad: el Estado mexicano protege a narcopolíticos
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