Nuevamente el gobierno de Ciudad de México amenaza a la propiedad privada; su más reciente intento es el de obligar a los propietarios de inmuebles (mediante el artículo 132 del Código Fiscal de la ciudad) con las propiedades inmobiliarias más caras (con un valor catastral igual a 4.5 millones de pesos o superiores) de la ciudad, a informar al gobierno citadino sobre su uso, quién lo ocupa y en qué condición de ocupación las mantienen; todo bajo pena de una multa equivalente a 500 dólares de no hacerlo. Al respecto, la primera pregunta que surge es: ¿Le corresponde a los gobiernos saber qué haces con tu propiedad, quién la ocupa y por qué? ¿Con qué derecho creen poder saberlo? ¿Y en qué puede ayudar a la planeación urbana el conocer la vida privada de las personas y sus tratos voluntarios?
Aunque la autoridad ha desmentido que tal información busque afectar la propiedad privada o servir para aumentar impuestos, y que sólo tiene fines estadísticos y forman parte del proceso de modernización del catastro de la ciudad de México. En realidad es una intentona más de muchas en el pasado reciente, protagonizadas todas por MORENA y la ideología de izquierda chavista de sus líderes: recordemos el intento hace unos años de impedir los desalojos bajo el argumento de que emergencias, como la pandemia de COVID 19 o los frecuentes terremotos en la ZMCM, creaban una situación especial, que justificaba no pagar rentas o alquileres. La intentona no fructificó entonces.
Luego vino un intento de eliminar el concepto de propiedad privada de la Constitución local para sustituirlo por el de “propiedad social”, abriendo la puerta a la redistribución arbitraria y “justiciera” por el gobierno, a larga. Enseguida logró eliminar el concepto en 2024, con el apoyo de la “oposición”, un “ajuste técnico” para “armonizar” el concepto de propiedad en los términos del artículo 27 de la alevosa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la “propiedad privada” solo es reconocida por la “nación” y que dimana de ella, como propietaria original de todo el territorio, por lo que puede transmitir derechos a los particulares y constituir con ello la propiedad privada: en los hechos, se reconoce a los capitalinos el derecho de uso, sujeto a las modalidades que fije el poder público, pero no de propiedad. Así como lo lee amigo lector, no está usted leyendo mal: vivimos en un país de claros rasgos orwellianos, donde como en 1984, la verdad dejó de serlo y se transformó en su opuesto: México es un país de claros tintes totalitarios, donde desde su Constitución general se da al Estado el derecho al despojo y usted no es propietario de nada absolutamente o lo es solo de “mentiritas” y sujeto a la “buena fe” del gobernante.
Luego vino la regulación sobre AirB&B y otras plataformas digitales para limitar a sólo 6 meses la renta mediante esas plataformas de las propiedades inmobiliarias en CDMX, para evitar así, supuestamente, la gentrificación, de modo que las propiedades en las zonas turísticas y mejor comunicadas de la ciudad no pierdan supuestamente su carácter habitacional por completo. Pero prohibir la “gentrificación“, implica si se es congruente y consistente, abrir la puerta a prohibir en algún momento todo proceso de compra/venta de bienes y servicios, o anular cualquier libertad.
Ahora vuelve a intentarlo, bajo el paraguas de los “derechos humanos”, señalando de nuevo que una propiedad no pueda ser desalojada por la fuerza de la ley en casos de insolvencia de los inquilinos o de emergencia (algo que puede ser interpretado muy holgadamente y no definido claramente como muchas de las propuestas legales de MORENA), aunque fuera ocupada ilegalmente. Pues vaya con los derechos humanos por parte de los gobiernos de MORENA, confundiéndolos con ilegalidad y despojo. Recordemos aquí la muy clara advertencia de Friedrich Hayek: “Las emergencias han sido el pretexto bajo el cual las garantías de la libertad individual se han erosionado”.
Todas estas tentativas se parecen mucho a las practicadas en países como Venezuela o Cuba aún hoy en día y en Argentina, durante el kirchnerismo, o en ciudades como Barcelona o Nueva York más recientemente, que condujeron a infiernos inmobiliarios y ciudades cada ves más alejadas de la prosperidad: hostiles a la propiedad privada, al turismo, al progreso, a la innovación, con viviendas caras y escasas en consecuencia, y en donde está legalizado el saqueo por los llamados okupas (ocupantes ilegales de una vivienda) bajo el argumento de la “accesibilidad”, la “vivienda asequible”, el “derecho a la ciudad” o “la igualdad”, que no son más que coberturas disfrazadas para el despojo y el robo legal.
Las excesivas regulaciones en el uso del suelo, la construcción y el mercado inmobiliario, solo terminan afectando a los más pobres, que supuestamente serían los beneficiarios de las medidas restrictivas de la autoridad, al encarecer la vivienda, sus alquileres y el número de unidades en el mercado. Eso se ha dividido en muchísimos ciudades. La experiencia de Javier Milei en Argentina, que liberó al mercado de la mayoría de las restricciones y permitió un mercado más dinámico y accesible para los más necesitados en Argentina, debiera ser una lección para nuestros gobernantes, demostrando que el mercado puede autocorregirse si se le permite hacerlo. Pero los controles y requisitos establecidos desde la alturas burocráticas destruyen este mecanismo de mercado para ajustar la oferta y crea ciudades invivibles, convirtiéndolas en selvas de la “ley del más fuerte”, que como sabemos en Ciudad de México, son generalmente las clientelas políticas y ejércitos de activistas y saqueadores de los partidos en el poder.
Nuestros planificadores autóctonos olvidan una ley esencial de la Economía: la libertad económica crea La riqueza de las naciones, de las ciudades y de los individuos, tal como lo vio Adam Smith tan claramente en 1776. En cambio, establece legalmente el inmovilismo, la falta de esa libertad económica, de innovación y anula la propiedad y sólo tendrás pobreza para esta generación y las siguientes.
El ímpetu antipropiedad de MORENA y sus dirigentes, hará que la vida de los chilangos sea cada vez más miserable. Vea usted el escenario de Cuba o Venezuela: hacia allá es a donde nos llevan los gobernantes capitalinos desde hace bastantes años y la velocidad de su tentativa se viene acelerando.
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